Un deuda que no se ha saldado

Según un estudio de ENDS, el 45% de las mujeres y más del 50% de los hombres desconocen el contexto legal de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el país.

Con la sentencia C - 355 de 2006 se despenalizó el aborto en Colombia bajo tres causales: si el embarazo pone en riesgo la salud física y mental de la madre, si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida o si es producto de una violación o incesto. Además, también se estipuló que todas las entidades de salud (EPS, hospitales, clínicas y Secretarías de Salud) tienen la obligación de brindar información sobre la IVE y practicarla, sin embargo, el panorama actual pinta algo diferente.

El colectivo Católicas por el Derecho a Decidir expresa en sus cartillas que el aborto legal y seguro sigue siendo una deuda que tiene la sociedad con las mujeres. Y ustedes se preguntarán ¿no está siendo saldada desde el 2006? En papel sí, no obstante, aún 14 años después, en lugar de disminuir los estigmas y barreras para garantizar el derecho al aborto, solo se crearon más obstáculos para tratar de impedir que se cumpla la norma. No solo se trata de las clínicas que alegan objeción de conciencia (cosa que no pueden hacer porque este es derecho particular según la Constitución Política de Colombia) o del sistema de valores que hay en la sociedad, sino que, en ocasiones, los entes que prestan los servicios de salud ponen trabas para realizar los procedimientos. Cabe aclarar que para realizar un aborto se necesitan certificados médicos, pero la diligencia de la misma y la respuesta no debe tardar más de cinco días. 

Es claro que mucho de lo anterior viene de los estigmas del pasado. Según la historiadora Claudia Avendaño,en el siglo XIX llegaron a Colombia prescripciones desde la medicina francesa e inglesa que empezaron a configurarse como salud pública, fue entonces cuando el embarazo, el parto y el posparto se comenzaron a considerar parte de la misma, pero no habían disposiciones médicas. Cuenta Avendaño que para esta época “no se considera que [el embarazo] sea un asunto de mujeres… [sin embargo] era muy raro que un hombre atendiera un parto porque esa sangre era corrupta y enferma... [Se consideraba] que lo iba a debilitar o que acarreaba una especie de maldición.”

Ya en el siglo XX, específicamente en la década de los cincuenta, en los hospitales comenzó a exigirse que la atención del parto fuera hecha por médicos, pero, si alguna falla aparecía se preguntaban qué era lo que la mujer embarazada había hecho. En cuanto al aborto, solamente las parteras conocían de la práctica y de ciertas sustancias que eran alérgenos poderosos que, además de producir un aborto, hacía que pareciera espontáneo. Pero muchas veces se lograba el aborto seguido de insuficiencia renal, daños, intoxicaciones graves y tomar esto entonces significaba un riesgo para su salud o, muchas veces, no se lograba el aborto y se tenían niños con problemas de formación.

“Muchas mujeres optaron por algo que consideraban que era el camino más expedito y el mecanismo más expedito era introducirse una aguja de coser malla, de crochet introducirsela por la vagina hasta el cuello uterino y perforar. Hasta que empezara a sangrar”, cuenta Avendaño. Esto tenía graves consecuencias porque algunas veces se pasaba y había perforación de útero, y se lo tenían que quitar para parar la hemorragia. Otras mujeres hacían lo que les aconsejaban otras y, en ocasiones, se introducían ganchos de ropa (que se desdoblarían) o antenas de televisores, pero estas prácticas traerían una gran cantidad de problemas para las mujeres en el ámbito de salud.

Ahora bien, aunque ahora hay bastantes avances en cuanto a la ginecobstetricia y procedimientos de aborto no se puede decir lo mismo del sistema.

Las barreras son la mayor parte del problema.

Según el Instituto Guttmacher de Nueva York, en el mundo anualmente hay 25 millones de abortos inseguros y, en Colombia, menos del 1% de los abortos son seguros, a pesar de la legislación del 2006. Y es que un estudio de ENDS demostró que tan solo en 5.1% de las mujeres del país conoce que el aborto es legal en todos los casos (bajo las tres causales). ¿Pero por qué hay tanto desconocimiento? Según Ramón Arturo Maya, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UPB, el aborto “no es un tema que haya hecho parte de manera fuerte de los debates políticos, salvo en la era contemporánea, ni en la agenda política y económica del país. Si hacemos recorrido por la legislación colombiana y la historia constitucional… no es de los temas que se hayan debatido a ese nivel... Hemos sido una república muy permeada por la Iglesia católica y esta fue propietaria, por decirlo así, de la formación del pueblo colombiano en buena medida”.

Juan Guillermo Londoño Cardona, ginecobstetra de la Universidad de Antioquia, afirma que el aborto depende de donde se mire puesto que el problema no es el aborto, sino el aborto inseguro. “La mayoría de [las] complicaciones son derivadas de atención médica por falta de entrenamiento del personal de salud o porque las pacientes llegaron muy tarde por las barreras que se les están imponiendo, esa es la realidad en Colombia”, afirma Londoño.

El aborto  es seguro y legal en sitios que reúnan las condiciones higiénicas, logísticas y técnicas. En Colombia cada año mueren 70 mujeres a causa de abortos clandestinos pero, según expertos, la tasa de mortalidad es mínima cuando el aborto es practicado por personal con entrenamiento. Ahora bien, estas situaciones se presentan en su mayoría en mujeres de escasos recursos que no tienen acceso a las condiciones necesarias; incluso, el informe del Instituto Guttmacher muestra que el 53% de las mujeres rurales sufren complicaciones graves en abortos.

¿Por qué sucede? Según Sandra Mazo, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, existe mucha desinformación en el país. “A pesar de que han pasado 14 años una gran mayoría [de las mujeres] no conocen esta sentencia, es decir, que las instituciones del Estado encargadas de informar de manera veraz y oportuna a la sociedad sobre esta sentencia no lo han hecho”. 

Pero las complicaciones físicas no es lo único que afecta a las mujeres. Londoño afirma que también existen implicaciones psicológicas en mujeres que se realizan aborto, pero que no es por el aborto en sí, sino por las barreras que les ponen y  el negarle a la mujer la posibilidad de interrumpir el embarazo. El ginecobstetra manifiesta que hay muchas barreras sistemáticas en el sistema de salud colombiano. Las ponen las IPS, EPS, médicos, y administrativos. Y esto hace que muchas mujeres vayan a sitios clandestinos a realizarse un aborto.

Hay que resaltar que el proceso para solicitar un aborto está sustentado como derecho ante el Estado Colombiano y está incluido en el Plan de Beneficios de Salud por lo que todas las mujeres, estén o no afiliadas a una EPS, tienen el derecho a abortar y es obligación de las instituciones (públicas, privadas, confesionales o no) asesorar y prestar el servicio; además, luego de este, la mujer puede exigir la entrega de un método anticonceptivo para ella y su pareja.

El proceso para que suceda lo anterior es bastante simple y se encuentra en cartillas de Profamilia o en su página web. Lo primero que se hace cuando una mujer llega al centro médico es una evaluación y se le brinda una asesoría para ver si cumple las tres condiciones de la sentencia. Después, le explican que opciones tiene: dar el bebé en adopción, continuar con el embarazo o interrumpirlo, y por último la mujer firma un consentimiento. La interrupción se hace con la voluntad de la mujer, no la del médico. 

De igual forma, hablando de costos para las mujeres, el aborto no debe ser cobrado independientemente de la capacidad de pago y afiliación al sistema. De ser negado, aplicando a una de las tres causales, esta persona puede poner la denuncia a la Superintendencia de Salud y a dicha institución o profesional le ponen una sanción. Incluso, existen organizaciones como La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y el colectivo Vive que ofrecen acompañamiento y asesoría legal si encuentran algún inconveniente para la realización de la IVE.

No obstante, un médico puede negarse a realizar un aborto abogando por la objeción de conciencia, sin embargo, este se ve en obligación de remitirla a un profesional de la salud que pueda realizar el procedimiento. Ahora bien, según Juan Guillermo Londoño, lo que pasa en el país es que hay pocas denuncias de esta índole, por lo que el problema no es visible. 

Falta educación, especialmente en las facultades de medicina

Hay un dato, y es que en Colombia hay alrededor de 57 facultades de medicina y solo en cinco enseñan los procedimientos para realizar un aborto. Sin embargo, según Londoño, en Antioquia, solo la Universidad de Antioquia les enseña a sus estudiantes el tema del aborto y, según él, en algunas universidades la falta de la IVE en el pensum es debido a las creencias, “la ley es para todos, tanto laicos como confesionales” afirma.

Ahora, ¿quién es el responsable de que esto se cumpla? Gloria Maria Soto, psicóloga que lleva desde el 2013 varias experiencias relacionadas con la IVE en la Secretaría de Salud y Profamilia y, ahora, con la Secretaría de la Mujer, manifiesta que es la Secretaria Seccional de Salud en Antioquia la responsable en que se haga el cumplimiento de la normatividad dictada por el Ministerio de Salud y, además, hacer proyectos de capacitación de entrenamiento.

Soto cuenta desde su experiencia laboral en la Secretaría de Salud, desde la Gobernación de Antioquia, al menos hasta finales de 2019, daban todo el entrenamiento a los médicos rurales de antioquia para capacitarlos. Hacían talleres simulados a los médicos para enseñarles cómo se realizaba un aborto por medio de una aspiración manual uterina (AMEU) en donde se usa la succión como fuerza para eliminar el contenido uterino a través de una cánula y una jeringa grande. Además, se capacitó sobre los métodos, el protocolo y la normatividad. 

Por otro lado, instituciones como Profamilia velan por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Es una institución privada en la que muchas mujeres depositan su confianza al acudir, esto debido al acompañamiento y capacitación que se les da en cuanto al IVE. Sin embargo, esta es una institución particular, por lo que Soto señala que por eso a veces es tan complejo que las mujeres de baja capacidad económica puedan acceder, por lo que les figura confiar en que se cumplan a cabalidad los estamentos dictaminados por el gobierno y que las rutas para realizar el proceso sean seguras y fluyan con normalidad. No obstante en esta institución hay una capacitación integral, sobre normatividad, el aspecto psicológico, y metodologías. 

Una discusión legislativa

El tema siempre ha estado en manos de legisladores. En la línea histórica, el aborto era considerado como un delito penal en Colombia que acusaba tanto a la mujer como a aquella que se lo había realizado. Avendaño frente a este tema cuenta que “muchas mujeres en estados casi que al borde del coma, al borde la muerte eran enjuiciadas, esposadas a la camilla de una vez porque era acusada de aborto ilegal y muchas otras mujeres incluso en muchas partes eran acusadas de aborto cuando estaban tratando de evitar todo lo contrario. Ya que por ejemplo la mujer empezaba a tener pérdidas y a acudir a la partera porque si quería tener el bebé, pero estaba sangrando,  entonces la partera le mandaba otra droga y terminaba abortando , entonces le preguntaban después ¿usted que consumió? y la mujer comenzaba a relatar lo que la partera le había dado y acto seguido la acusaban de aborto.”

Bien es cierto que se ha avanzado al incluir a la mujer y darle una voz en precisamente, un asunto de mujeres. Antes, los registros judiciales no eran muy expeditos en hablar de los sentimientos y pensamientos de las mujeres, de qué era lo que realmente las impulsaba. Simplemente eran juzgadas dejando aparte las condiciones particulares del entorno, si era violada, agredida, o si estaba trastornada mentalmente. Si cometía aborto “ se negaba su rol de mujer, es un macho, un animal, entonces todo el mundo la desprecia y hace que el aborto se vuelve silencioso, oculto y subterráneo” de allí que solo sepamos que el aborto ilegal es sancionado y se comete en muchas partes, resalta la historiadora.

Efectivamente, las tres circunstancias son un logro para el país colombiano, pero al momento de declarar la sentencia 355 de 2006 fueron los constitucionalistas quienes invocaban el derecho a las mujeres, pero al momento en el que las mujeres participaban se les veía como feministas recalcitrantes que odiaban a los hombres e hijos. Avendaño se cuestiona el por qué ni siquiera se pregunta la razón de realizar el aborto de las mujeres, ni se analiza , solo se juzga. 

Ahora bien, todavía existen en Colombia casos de mujeres que han sido penalizadas por realizarse abortos. Sandra Mazo, coordinadora de CDD, cuenta que “conocemos casos de mujeres que han sido procesadas [por abortar] porque es que se han dado malos procedimientos en ese sentido, ha habido médicos que han denunciado a las mujeres, o sea que han violado el secreto profesional.… [además] se ha querido equiparar el aborto con el homicidio.”

¿Cómo solucionar, entonces, la eterna discusión legislativa? No es un secreto que en una sociedad conservadora como la colombiana el aborto es un dolor de cabeza. El ginecobstetra Guillermo Londoño afirma que el tema es incómodo y toca fibras íntimas, pero hay que tener más conciencia y respeto frente a las mujeres. Es un dolor de cabeza, sí, pero ¿cómo resolver un problema de cabeza cortándola? Se pregunta el historiador Ramón Maya. “Se está resolviendo de manera radical, que sí, que no, pero es un asunto de cabeza que involucra todo el cuerpo”

Quizás el problema, como expresa Avendaño es “ empezar a pensar que el derecho se convierte en obligación, pensar que el derecho no admite otra posibilidad. El derecho es permitir a la mujer tomar la decisión aconsejada por aquellos que se supone saben del tema”